Desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio se ha desarrollado la
última ronda de consultas (tercera ronda informal-informal) en
Nueva York sobre el Borrador Cero, que sentará las bases de la
negociación en la Conferencia de Naciones Unidas (NN UU) sobre
Desarrollo Sostenible (20-22 de junio). Un gran número de
colectivos sociales y ecologistas del Estado español agrupados
en torno a la Alianza “¿Economía verde? ¡Futuro imposible!”(1)
han criticado fuertemente el documento en unas jornadas
preparatorias de Rio+20 celebradas este fin de semana en
Barcelona(2)
. Las críticas principales se han
dirigido al “nuevo” concepto de economía verde que se pretende
promover en la agenda oficial como la panacea a la crisis
sistémica que atraviesa el planeta.
La valoración que desde esta alianza se hace del proceso negociador
hacia Rio+20 es la de que estamos ante un ataque total y sin
precedentes a los bienes comunes y la de que no podemos fiarnos de
los Estados para que solucionen esta crisis porque ya no representan
a sus ciudadanos sino a los intereses de los mercados, que dictan
las políticas públicas como se está viendo hoy mismo en nuestro
país, condicionando la vida de las personas. Las críticas se dirigen
también de modo contundente al propio sistema de NN UU, que está
crecientemente penetrado por los intereses de las corporaciones, que
encuentran un papel preferente en las negociaciones y aportan
financiación a varios de sus organismos, condicionando finalmente su
agenda.
Las organizaciones integradas en esta alianza consideran un error de
base el que nuevamente los gobiernos del mundo pretendan revalidar
el concepto de desarrollo ligado a un “crecimiento económico
sostenido”-término que se repite hasta la saciedad en el documento
negociado estos días en Nueva York como objetivo irrenunciable-,
porque significa repetir la senda elegida en Rio 92 al ignorar los
límites del planeta. Optar por esta via solo profundizará la crisis
sistémica, como claramente ha ocurrido en estos 20 años.
Si bien el discurso oficial de NN UU liga a nivel teórico la
economía verde a la erradicación de la pobreza y a la sosteniblidad,
en el Borrador Cero todo esto queda en una declaración de
intenciones, mientras que sí encuentra acomodo de forma soterrada
otra visión de economía verde mucho más feroz, que se abre paso de
manera contundente; aquella ligada a la búsqueda de nuevos mercados
de recursos naturales. Para ello el texto del Borrador Cero intenta
allanar el camino, eliminado o matizando aquellos compromisos
internacionales que pudieran ser un obstáculo en el camino de los
mercados, como las menciones a los derechos básicos como el derecho
al agua y la alimentación, las menciones a la equidad, o principios
que estaban consolidados desde Río 92 y que ahora se ven amenazados,
como el de Principio de Precaución y particularmente el de
Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.
Siguiendo la lógica reduccionista de dar señales adecuadas a los
mercados para que estos funcionen (ahora por fin si), en pos del
bien común, los gobiernos avanzan hacia la conclusión tácita de que
hay que poner precio a todo lo que no tiene precio para que sea
“justamente” valorado, lo que extendería la propiedad privada a
todos los ámbitos de la vida para lograr preservarla. La economía
verde necesita reformas estructurales y políticas en los marcos
regulatorios de los países del Sur para mercantilizar y así “cuidar”
allí todo lo que es verde, desde los recursos hasta las propias
funciones de los ecosistemas.
Las organizaciones agrupadas en torno a esta alianza consideran
peligrosísimo que la negociación de Rio+20 siente las bases para
crear mercados globales de recursos y “servicios” naturales (agua,
aire, depuración, regulación del clima,...) que son luego
susceptibles de convertirse en activos financieros, constituyendo un
balón de oxígeno para seguir creciendo una vez agotadas otras
burbujas como la inmobiliaria. La UE es uno de los bloques
negociadores que más presiona para la apertura de nuevos mercados-
como el del agua-, o el mantenimiento y ampliación de los
existentes- como los mercados de carbono-, lo que concuerda con sus
políticas comerciales totalmente agresivas en los países del Sur
para acceder a sus recursos naturales y a sus mercados financieros.
Precisamente en la negociación del Borrador Cero los países
empobrecidos agrupados en torno al G77 han querido introducir una
condena parcial a estas prácticas comerciales, lo cual ha sido
vetado por los países enriquecidos.
La alianza llama a la movilización el Día de Acción Global que se
prepara el 20 de junio a escala planetaria para mostrar nuestra
indignación ante la falta de voluntad política para hacer frente a
la crisis ecológica y social.
Más información: Tom Kucharz 619 94 90 53
(1) Las entidades adheridas a esta alianza a dia de hoy
son ACSUR-Las Segovias, ALBA SUD, alterNativa Intercanvi amb
Pobles Indígenas, Amigos de la Tierra, Assemblea Gòtic, ATTAC
España, Carbon Trade Watch – Collectiu d’Investigació per la
Justícia Mediambiental, CGT, Colectivo Mapuche Chileno Peuma
Trawün, Comité Oscar Romero de Madrid, Coordinación por los
Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), Coordinadora
anticoke, Corporación CEDREG, Ecologistas en Acción-Ekologistak
Martxan- Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteras,
Entrepueblos, GAIA (Global Alliance for Incineration
Alternatives), Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturaleza (GOB), La Espiral Ecológica, LURRA- Asociación
navarra en Defensa de la Tierra, Movimiento de Jóvenes Rurales
Cristianos (MJRC), Nova – Innovació Social, Observatori del
Deute en la Globalització (ODG), Observatorio de las
Multinacionales en América Latina (OMAL), Ongd AFRICANDO,
plantem-nos!, Plataforma 2015 y más, Plataforma Auditoria
Ciudadana de la Deuda ¡NO debemos, NO pagamos!, Plataforma
Rural, Rus Redire, Salut i Agroecologia, Soldepaz Pachakuti,
Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa per una nova cultura de
l’aigua
(2) Para más información sobre las conclusiones de las jornadas,
visitar http://tinyurl.com/provisional-aevfi
