Existen temores de
que la conferencia podría no reafirmar por
completo los compromisos políticos formulados hace dos décadas. Martin Khor, http://www.southcentre.org/
Cuando faltan
pocos días para el inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, hay inquietantes señales de que
los países desarrollados quieren desconocer los compromisos sobre ayuda
a las naciones en desarrollo que asumieron en la Cumbre de la Tierra,
de 1992. También existen temores de que la conferencia, también conocida
como Río+20, podría no reafirmar por completo los compromisos políticos
formulados hace dos décadas.
Durante la reunión preparatoria de la conferencia, que finalizó el 2 de
este mes en Nueva York, se lograron algunos progresos en la elaboración
de la declaración de Río+20.
Pero hubo acuerdo en sólo 70 párráfos de un total de 329, lo que
traslada a los negociadores una tarea abrumadora para llegar a un
consenso sobre el texto que deberá ser presentado a los líderes
políticos cuando se reúnan en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de este
mes.
La Cumbre Río+20 enfrentará los mismos problemas derivados de la
divergencia Norte-Sur surgidos en las recientes negociaciones en la
Organización Mundial del Comercio, en la Convención sobre el Cambio
Climático y en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo.
Las diferencias son evidentes en las nuevas cuestiones que debatirá
Río+20: el concepto de economía verde, y, en relación al desarrollo
sostenible, cómo definir sus objetivos y el nuevo marco institucional
para las futuras actividades. Pero más preocupante aún es el intento de
los países desarrollados de diluir los principios acordados en Río hace
20 años y de dar marcha atrás en los compromisos de ayuda a las naciones
en desarrollo.
Está claro que la división Norte-Sur no es sólo sobre cuestiones
específicas, sino también acerca de conceptos fundamentales de la
cooperación internacional, particularmente el principio de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas (RCPD), y los compromisos
sobre transferencia de tecnología y asistencia financiera. El RCPD es
uno de los principios de Río, adoptados en 1992. Se acordó allí que
todos los países tienen una responsabilidad común en la protección del
ambiente, pero también responsabilidades diferenciadas, puesto que los
países ricos deberían jugar el papel de líderes en la concreción de
acciones ambientales debido a sus mayores responsabilidades en la crisis
ecológica y a sus superiores recursos económicos.
Este principio básico, que los países en desarrollo consideran muy
importante, está bajo ataque. En las negociaciones preparatorias, EE UU
dejó en claro que no acepta referencias al RCPD. Casi todos los países
desarrollados arguyen que ningún principio de Río debería ser resaltado
en la declaración y que sería suficiente una referencia general al
conjunto de principios de Río.
Ello causa gran inquietud a los países en desarrollo agrupados en el
Grupo de los 77 (G-77) y a China. Para ellos, es muy importante una neta
reafirmación del principio RCPD en particular y de los principios de
Río en general. De otro modo, Río+20 se alejaría de lo acordado en la
Cumbre de la Tierra original.
También preocupa el abandono por parte de los países desarrollados de
los acuerdos sobre transferencia tecnología a las naciones en
desarrollo. En la sesión dedicada a este tema, Estados Unidos, la Unión
Europea, Canadá y Australia se opusieron a que en la declaración se
utilice el título «Desarrollo y transferencia de tecnología». Esos
países desarrollados quieren sustituir las palabras «transferencia de
tecnología» por transferencia voluntaria en términos y condiciones
mutuamente acordados.
Se trataría de un retroceso en los acuerdos de las cumbres de 1992 en
Río y de 2002 en Johannesburgo sobre transferencia de tecnología a las
naciones en desarrollo «con concesiones y en condiciones preferenciales»
o en «justas y más favorables condiciones». Los principales países
desarrollados también quieren eliminar los párrafos que exigen un
tratamiento equilibrado en relación a los derechos de propiedad
intelectual. Los copresidentes propusieron el examen del impacto de las
patentes en el acceso a la tecnología por parte de los países en
desarrollo, pero la propuesta fue rechazada por casi todas las naciones
desarrolladas. En la cuestión financiera, los países desarrollados están
resistiendo la renovación del tradicional compromiso de proporcionar
fondos nuevos y adicionales. El documento preparatorio también instaba a
los países desarrollados a hacer esfuerzos adicionales para alcanzar la
meta de otorgar fondos para la asistencia, equivalentes a 0,7% de su
producto interno bruto, que fue incluido en el plan de acción original
de Río. Pero Canadá y Estados Unidos quieren eliminar esa meta con la
que dicen no haber estado nunca de acuerdo.
China y el G-77, que hoy tiene 132 estados miembros, propusieron que los
países desarrollados concedan recursos adicionales a los ya acordados
por 30.000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2017, y por 100.000
millones de dólares desde 2018 en adelante, y que se cree un fondo para
el desarrollo sostenible. Pero la mayoría de las naciones desarrolladas
objetó esa propuesta. Al reanudarse las negociaciones en Río el 13 de
este mes, es de esperar que haya un cambio de posición de las naciones
desarrolladas en estas cuestiones. Ello es necesario para permitir
progresos rápidos en otros temas y asegurar un resultado exitoso de
Río+20.
Martin Khor
Director ejecutivo del
South Center, organización intergubernamental de los países en desarrollo, con sede en Ginebra
